Hay quienes
señalan que el grado de civilización de una sociedad se puede medir mirando al
interior de sus prisiones. Si esto es verdad, ¿Cuál es el veredicto que hay que
emitir sobre México, con un sistema carcelario, corrupto, sobrepoblado y ante
todo ineficaz?
Con la fuga de Joaquín
Guzmán Loera “el Chapo” no solo se escapa el líder de una de las organizaciones
más poderosas del crimen organizado en el país, también se esfuma el último
vestigio de credibilidad del que gozaba el sistema penitenciario mexicano, las
cifras no son halagadoras y los resultados brillan por su ausencia.
Tan solo entre
los años 2010 y 2011, según cifras de la extinta Secretaria de Seguridad
Pública, se registraron más de 3200
motines, 922 riñas, 316 muertes y 320 internos lograron fugarse de penales
mexicanos, ya en aquel tiempo cuando el ocaso de la administración Calderón se
veía en el horizonte, la crisis era más que visible, sin embargo el problema
siguió expandiéndose.
Al día de hoy la
red de penales mexicanos se compone de 386 centros penitenciarios, 17 de los
cuales están bajo la jurisdicción del gobierno federal, 11 corresponden al
Distrito Federal, 283 a los gobiernos estatales y 75 a los gobiernos
municipales y para Septiembre de 2014, estos eran ocupados por una población de
258,563 personas privadas de libertad, de los cuales el 80.71% pertenecen al
fuero común y el 19.29% pertenecen al fuero federal.
Como es lógico
la carga en materia de recursos destinados a esta área, es cuantiosa y
significativa la Federación otorgó en el
año 2011, 7,124.3 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. Las entidades
federativas que recibieron más recursos ese año fueron: el Estado de México,
568,101,295 pesos; el Distrito Federal, 445,548,644 pesos y Veracruz, 341,876,124 pesos.
En su libro
sobre el costo de la prisión preventiva en nuestro país, Guillermo Zepeda
asegura que aproximadamente el 32.9% de los presupuestos estatales en seguridad
ciudadana se dedica a los respectivos sistemas carcelarios, para obtener
resultados más bien pobres. De acuerdo al abogado criminalista Fermín Mármol
García "El 95% de las extorsiones telefónicas son cometidas desde las
cárceles del país”.
Todo esto nos
lleva a pensar en el problema más evidente que tendría que afrontar el gobierno
federal, la sobrepoblación penitenciaria lo evidencia el Estado de México con
137.17 %, Nayarit con 137.93 % e Hidalgo con 104.3 % esta puede vincularse al
deterioro, la insalubridad y la falta de mantenimiento de las instalaciones; el
insuficiente acceso a los servicios de salud física y mental; la falta de
opciones de desarrollo personal y social; las prácticas de tortura, y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes; y como las violentas luchas internas
de poder por el control de los espacios.
La Comisión
Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre la situación
de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en América, emitió
una serie de puntos recomendatorios que si se acataran en su conjunto, el
Gobierno Federal tendría la oportunidad de cumplir su obligación de respetar
los derechos humanos de las más de 250 mil personas que se encuentran hoy en
día en situación de reclusión.
Paralelo a estas
circunstancias durante el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en
2009, el Estado mexicano aceptó cuatro recomendaciones para implementar en el
ámbito penitenciario, comprometiéndose mediante ellas a mejorar las condiciones
de vida en los centros de reclusión, invertir suficientes recursos económicos
al sistema penitenciario, tomar las medidas necesarias para capacitar al
personal de guardia y custodia; investigar sobre los abusos y violaciones a los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad y castigar debidamente
a los responsables.
Han pasado seis
años de esto y aún siguen siendo humo y espejos estos compromisos, dos
administraciones federales han observado el problema y el problema subsiste.
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